Los programas DEI en universidades de todo el país están siendo recortados, renombrados o reestructurados bajo la presión del Gobierno de Trump, que tiene en la mira unos $3,700 millones en fondos federales de investigación, según The Center Square (nota del sábado 31 de octubre de 2026).

Por qué importa: los fondos federales sostienen investigaciones, entre ellas ensayos clínicos, y su suspensión puede paralizar proyectos en marcha. Además, para los estudiantes latinos que cursan estudios en universidades públicas, el debate no es abstracto: puede cambiar qué oficinas y servicios de apoyo existen y cómo se contrata al profesorado.

Según el Departamento de Educación de EE.UU., más de 300 universidades eliminaron requisitos de DEI, cerraron o reestructuraron oficinas de diversidad, quitaron las declaraciones de diversidad de los procesos de contratación o modificaron sus políticas.

De ese total, al menos 175 eliminaron o reestructuraron oficinas o centros de DEI, y otras 95 eliminaron, renombraron o reasignaron puestos de trabajo. Algunas instituciones solo cambiaron el nombre de sus oficinas, por ejemplo, incorporando la palabra «pertenencia». Según analistas citados por The Center Square, algunas de ellas siguen realizando funciones parecidas.

Seis universidades llegaron a acuerdos con el Gobierno federal para recuperar fondos o seguir siendo elegibles para recibirlos. Cuatro de ellas acordaron pagar en conjunto $305 millones. Además, el Gobierno ha pedido una multa de $1,200 millones a la Universidad de California.

Según The Center Square, desde 2025 el Gobierno amenazó con retener fondos a Harvard y a otras instituciones por las protestas sobre la guerra en Gaza, los programas de diversidad y las políticas sobre personas transgénero. También propuso suspender a 38 universidades de alianzas federales de investigación por sus prácticas de contratación relacionadas con DEI.

Los tribunales han frenado algunos de estos intentos. Un juez federal de Massachusetts bloqueó el recorte de unos $600 millones en fondos para la formación de maestros y calificó de «arbitrario y caprichoso» el esfuerzo del Departamento de Educación de apuntar a programas ligados a DEI.

El panorama varía según el estado y la institución. En Texas, las universidades públicas deben cumplir la prohibición estatal de DEI. En Texas State University, por ejemplo, está prohibido mantener oficinas de DEI, contratar personal de DEI, exigir declaraciones de DEI, dar preferencias demográficas en el empleo y obligar a capacitaciones de DEI.

En cambio, Georgetown y UCLA mantienen oficinas de equidad, diversidad e inclusión.

Quienes respaldan los recortes sostienen que muchos cambios son solo de apariencia. Timothy Minella, director de educación superior del Goldwater Institute, en Phoenix, dijo: «Es la misma programación de DEI, la misma capacitación de DEI, solo que con otra etiqueta». Y agregó: «Lo que realmente es DEI es discriminación» y «tenemos que volver a la educación, no al adoctrinamiento».

Jonathan Butcher, director interino del Centro de Política Educativa de The Heritage Foundation, argumentó que, «si la Ley de Derechos Civiles de 1964 no se está haciendo cumplir a nivel estatal, entonces sí se convierte en responsabilidad del Gobierno federal asegurarse de que esas leyes se cumplan». Añadió: «La diversidad es algo que los estadounidenses pueden valorar. La igualdad ante la ley es el requisito», y afirmó que «los estudiantes tienen miedo de hablar en clase».

Del otro lado, Amy Reid, directora del programa Freedom to Learn de PEN America, señaló en un comunicado: «Lamentablemente, la censura es ya una realidad arraigada en los campus universitarios, con graves efectos negativos para la enseñanza, la investigación y la vida estudiantil». Según Reid, «con amenazas de sanciones formales y represalias políticas de los gobiernos estatales y federal, los líderes de los campus y los profesores sienten que no tienen más opción que acatar, y cada vez actúan más de forma preventiva por miedo».

Reid agregó: «Los políticos están extendiendo una amplia red de control político e ideológico sobre la educación superior en los campus estadounidenses, cambiando lo que se puede enseñar, investigar y debatir para ajustarlo a su propia agenda. Eso es peligroso para el libre pensamiento en una democracia».

The Center Square indicó que contactó a organizaciones que apoyan la DEI, como la National Association for College Admission Counseling, pero no obtuvo respuesta. Por eso, la nota original recoge sobre todo los argumentos de quienes defienden los recortes, y la postura de esas organizaciones no está representada.

La propuesta de suspender a 38 universidades de alianzas federales de investigación sigue siendo una propuesta, y los tribunales ya han bloqueado algunos intentos del Gobierno. Si estudias o trabajas en una universidad pública, consulta en el sitio oficial de tu institución qué oficinas, programas y políticas siguen vigentes, ya que varían según el estado y el centro.

Fuentes: The Center Square. Datos consultados el 1 de noviembre de 2026.