La MTA estima que los aranceles federales podrían añadir hasta US$1,000 millones a sus compras de trenes y autobuses.

El análisis, presentado ante su junta en septiembre, advierte sobre una pérdida de capacidad de inversión para modernizar el transporte.

La agencia tiene comprometidos US$23,000 millones para renovar vehículos dentro del programa de capital 2025-2029.

Para quienes dependen del sistema, el riesgo sería una renovación más lenta si el presupuesto debe absorber ese gasto adicional.

. Los vehículos ensamblados en Estados Unidos también utilizan componentes importados, por lo que la fabricación nacional no los protege completamente.

Los vagones R211 se ensamblan en Nebraska y Yonkers, y más del 75 % de sus piezas procede de Estados Unidos.

Sin embargo, algunos componentes especializados deben comprarse en el extranjero porque no existen alternativas nacionales, según la autoridad de transporte.

Cuando esas importaciones cuestan más, aumenta el precio de las unidades y disminuye lo que puede adquirir la agencia.

La MTA calcula que esa cantidad permitiría adquirir más de 250 vagones para las líneas 1 a 6 del Metro.

Como alternativa, alcanzaría para casi 1,000 autobuses, una comparación que muestra el tamaño del posible sobrecosto.

Otro ejemplo son 150 coches M9-A del Long Island Rail Road o buena parte de los nuevos coches previstos para Metro-North.

Estas equivalencias son opciones separadas de compra. No representan adquisiciones canceladas ni una lista de vehículos que necesariamente dejarán de entregarse.

La tarifa base del Metro y los autobuses locales permanece en US$3, tras el ajuste del 4 de enero de 2026.

Hasta ahora, no se ha anunciado una subida específica del pasaje para cubrir el impacto previsto de estos aranceles.

Tampoco se ha comunicado que los US$1,000 millones se trasladarán automáticamente a los usuarios mediante un cargo adicional.

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La preocupación inmediata está en las adquisiciones: absorber mayores costos podría obligar a revisar prioridades, buscar fondos o modificar calendarios.

La gobernadora Kathy Hochul solicitó excluir las compras de vehículos de transporte público de los gravámenes federales.

Envió cartas al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, después de conocerse el análisis.

Su argumento es que las compras sostienen empleo estadounidense, aunque requieren piezas especializadas que todavía deben importarse.

Para las familias hispanas, el resultado importa: renovar la flota forma parte de las inversiones destinadas a mejorar sus desplazamientos cotidianos.

FUENTE: elcomercio