California endurecerá los requisitos para ingresar a sus cuerpos policiales con una nueva legislación que alcanza a exagentes migratorios con antecedentes de mala conducta grave.
El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 1627, que amplía las causas de inhabilitación para ejercer como oficial de paz en el estado.
La medida incluye a quienes participaron en operaciones migratorias federales y cometieron faltas graves, aunque posteriormente intenten incorporarse a otra institución policial.
La legislación no establece una prohibición general contra exempleados de ICE, sino restricciones vinculadas con antecedentes específicos de conducta indebida.
La asambleísta demócrata Anamarie Ávila Farías impulsó la AB 1627 para reforzar los controles sobre aspirantes con experiencia previa en agencias migratorias.
La iniciativa busca impedir que funcionarios con antecedentes documentados de abusos puedan trasladarse entre instituciones sin enfrentar consecuencias por su conducta.
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Las nuevas disposiciones abarcan actividades relacionadas con la investigación y aplicación de leyes migratorias federales, tanto civiles como penales.
También incluyen actuaciones vinculadas con el ingreso, reingreso, permanencia y empleo de extranjeros en territorio estadounidense.
Uno de los criterios de inhabilitación contempla aparecer en el National Decertification Index, registro utilizado para identificar revocaciones de certificaciones policiales.
La legislación también considera otros registros federales designados que documenten sanciones relacionadas con faltas graves cometidas por funcionarios policiales.
Además, permite evaluar conductas que habrían justificado una revocación de credenciales en California, incluso cuando ocurrieron durante operaciones federales de inmigración.
Esto significa que haber trabajado para ICE no constituye, por sí solo, una causa automática de exclusión de las fuerzas policiales estatales.
La Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz de California, conocida como POST, mantiene responsabilidades sobre certificaciones y procedimientos disciplinarios.
El organismo podrá aplicar los criterios legales correspondientes al evaluar antecedentes y determinar si un aspirante cumple las condiciones exigidas.
La normativa conserva los mecanismos de intercambio de información con el Departamento de Justicia estatal sobre antecedentes penales de oficiales y exoficiales.
Estas verificaciones buscan identificar posibles impedimentos antes de que una persona con historial disciplinario grave obtenga una nueva acreditación policial.
Newsom firmó la legislación el 29 de septiembre de 2026, dentro de un conjunto de medidas relacionadas con supervisión y responsabilidades institucionales.
La entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027, conforme al calendario general aplicable a las leyes ordinarias estatales.
El gobernador defendió la iniciativa como parte de sus esfuerzos para fortalecer la transparencia en las actuaciones vinculadas con el control migratorio.
Ávila Farías sostuvo que la seguridad pública exige revisar los antecedentes de quienes aspiran a portar una placa, independientemente de su agencia anterior.
– Por qué importa: California amplía sus controles sobre antecedentes de mala conducta grave en la contratación de oficiales.
– El dato: La AB 1627 contempla a exagentes migratorios, pero no establece una exclusión automática por trabajar para ICE.
– El proceso: POST aplicará los requisitos legales de certificación y los mecanismos de revisión de antecedentes correspondientes.
– Qué pueden hacer: Los aspirantes pueden consultar los requisitos de POST y verificar posibles antecedentes disciplinarios antes de solicitar una certificación.
Fuentes: La Nación.
