Segun EFE, el intento de establecer nuevas reglas federales para las criptomonedas sufrió un fuerte revés este 15 de septiembre, después de que el Senado de Estados Unidos no reuniera los votos necesarios para avanzar con la llamada Clarity Act, en medio de una disputa sobre ética gubernamental y los negocios del presidente Donald Trump en activos digitales.
La votación terminó 49-50 y la iniciativa necesitaba al menos 60 votos para superar el procedimiento y continuar su trámite legislativo. Los demócratas se opusieron junto con tres republicanos: Susan Collins, Josh Hawley y Jerry Moran.
El proyecto pretende crear un marco federal para el mercado de activos digitales y aclarar las responsabilidades regulatorias de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), dos agencias fundamentales para la supervisión financiera estadounidense.
La discusión tiene implicaciones que van más allá de Washington: la industria busca reglas uniformes para un mercado estadounidense de criptomonedas valorado en alrededor de 2.3 billones de dólares, mientras inversionistas y empresas siguen enfrentando incertidumbre sobre qué normas se aplican a determinados activos digitales.
La principal objeción demócrata se concentró en las reglas de ética. Legisladores de ese partido argumentaron que las salvaguardas incorporadas al proyecto no son suficientes para impedir que funcionarios federales puedan beneficiarse económicamente de negocios vinculados con criptomonedas mientras ejercen el poder.
La controversia aumentó por las actividades financieras del presidente. Sus declaraciones financieras correspondientes a 2025 reportaron más de 1,400 millones de dólares en ingresos relacionados con criptomonedas, tokens digitales y negocios asociados, una cifra que alimentó el debate sobre posibles conflictos de intereses.
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Elizabeth Warren, principal demócrata del Comité Bancario del Senado, ha sostenido que Estados Unidos necesita legislación para el sector, pero reclama disposiciones más estrictas sobre inversiones de funcionarios públicos, protección al consumidor, seguridad nacional y combate a las finanzas ilícitas.
Los republicanos intentaron responder a esas preocupaciones mediante modificaciones de última hora, incluyendo facultades para que fiscales generales estatales actúen ante determinadas violaciones de las disposiciones éticas, pero los cambios no consiguieron los apoyos necesarios.
El fracaso fue procedural y no constituye una votación final para rechazar definitivamente la legislación. Sin embargo, reduce considerablemente el margen político y legislativo disponible para sacar adelante el proyecto antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La industria de activos digitales había convertido la aprobación de reglas federales en una de sus principales prioridades en Washington. Los promotores sostienen que delimitar las funciones de la SEC y la CFTC ofrecería mayor certeza jurídica para empresas, plataformas e inversionistas.
El resultado deja abierta una disputa de fondo: cómo regular un sector financiero de rápido crecimiento y, al mismo tiempo, establecer límites sobre las inversiones y actividades comerciales de quienes ocupan cargos públicos.
Con el Congreso acercándose al receso y las elecciones de medio término del 3 de noviembre, cualquier nuevo intento requerirá reconstruir apoyo suficiente en el Senado o modificar nuevamente el texto para resolver las diferencias que mantienen paralizada la iniciativa.
