El Gobierno de Donald Trump deberá informar a un juez federal quiénes tuvieron acceso al documento que analiza la justificación legal de los ataques estadounidenses contra lanchas.
El magistrado Paul Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó una petición del Gobierno para mantener suspendida esa orden, según reportó EFE el 27 de octubre.
La administración tendrá 14 días para presentar la información ante el tribunal de manera confidencial, sin entregarla a los demandantes ni hacerla pública.
El juez busca determinar si el documento puede permanecer protegido por el privilegio de comunicaciones presidenciales, una cuestión que aún no ha resuelto.
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. La orden requiere identificar a quienes consultaron el memorando, las fechas en que accedieron a él y el propósito de ese acceso.
El requerimiento original también solicitó los nombres y cargos de las personas que recibieron el documento, total o parcialmente, desde su elaboración.
Engelmayer había suspendido temporalmente esa parte de la orden el 8 de octubre mientras consideraba la solicitud gubernamental de reconsiderarla.
Con la decisión reportada por EFE, el tribunal podrá examinar cómo circuló el informe antes de decidir si corresponde mantener su protección.
La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia elaboró el memorando en septiembre de 2025, según consta en la resolución judicial.
El documento examina la autoridad legal del Ejecutivo para ordenar ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico.
Esos operativos han alcanzado lanchas en el Caribe y el Pacífico. El Gobierno sostiene que se dirigen contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
La legalidad de la campaña ha sido cuestionada por organizaciones de derechos civiles, que reclaman conocer los argumentos usados para autorizarla.
La disputa comenzó con una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA, para obtener el análisis del Gobierno.
La Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro para los Derechos Constitucionales y la filial neoyorquina de la ACLU impulsan la demanda.
Los grupos sostienen que el público debe conocer la base jurídica invocada para realizar ataques letales. La administración ha defendido la confidencialidad del informe.
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El Gobierno argumenta que el privilegio presidencial protege el documento; el tribunal examina, entre otros puntos, si su distribución afecta esa protección.
La entrega de la lista al juez será privada. La orden reportada no significa que el informe vaya a publicarse de inmediato.
Engelmayer ya había dispuesto una revisión confidencial del memorando como parte del análisis sobre los argumentos para mantenerlo reservado.
Después de recibir la información solicitada, el magistrado deberá evaluar si el privilegio invocado se aplica y qué partes podrían divulgarse.
La decisión pendiente puede definir cuánto conocerá el público sobre el razonamiento legal del Gobierno, aunque no constituye por sí sola un fallo sobre la legalidad de cada ataque.
FUENTE: EFE
