Una coalición de sindicatos, asociaciones universitarias e inmigrantes demandó a USCIS por dos directrices que, según sostiene, dificultan obtener la Green Card sin salir de Estados Unidos.
El caso American Association of University Professors v. Mullin fue presentado el 5 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Massachusetts.
Entre los demandantes figuran organizaciones laborales, grupos de profesores, Americans for Immigrant Justice y seis personas que buscan la residencia permanente.
La controversia gira alrededor del ajuste de estatus, un procedimiento que permite a determinados solicitantes elegibles tramitar la residencia desde territorio estadounidense.
. La primera política impugnada es el memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo, sobre el ejercicio de discreción al evaluar solicitudes de residencia.
Según los demandantes, considera desfavorable elegir el ajuste de estatus en Estados Unidos en lugar de realizar el procedimiento consular desde el extranjero.
La coalición sostiene que exige circunstancias favorables inusuales o sobresalientes para compensar ese factor, elevando las dificultades para quienes cumplen los requisitos legales.
El cuestionamiento afecta la evaluación de solicitudes individuales; no significa que el ajuste de estatus haya desaparecido como vía migratoria.
La segunda directriz, PA-2026-05, publicada el 5 de agosto, modifica los criterios sobre evidencia, solicitudes de documentación y notificaciones previas a una denegación.
Permite denegar determinados expedientes sin emitir primero una Solicitud de Evidencia, conocida como RFE, o una Notificación de Intención de Denegación, denominada NOID.
Estos mecanismos permiten aportar información adicional o responder a objeciones. La demanda cuestiona que ciertos solicitantes puedan perder esa oportunidad durante la evaluación.
También objeta la aplicación de los nuevos criterios a expedientes pendientes, presentados cuando las personas todavía desconocían las exigencias posteriores.
Los demandantes alertan que estas políticas podrían llevar a algunos solicitantes a continuar sus gestiones en consulados estadounidenses, con consecuencias familiares y profesionales.
Entre los riesgos descritos figuran separaciones, interrupciones laborales y dificultades para regresar si surgen demoras consulares o restricciones para obtener una visa.
La demanda argumenta que el Congreso creó el ajuste de estatus precisamente para permitir el trámite interno a quienes reúnen las condiciones correspondientes.
Estas consecuencias son riesgos planteados por la coalición; no implican que toda solicitud de Green Card obligue ahora a abandonar Estados Unidos.
La representación legal incluye a Democracy Forward, American Immigration Council, AILA y Colombo & Hurd, que solicitan suspender y anular ambas políticas.
El escrito invoca la Ley de Procedimiento Administrativo, cuestiona la ausencia de consulta pública y plantea vulneraciones del debido proceso y de precedentes aplicables.
Presentar una demanda no suspende automáticamente las directrices. La petición de los demandantes debe distinguirse de cualquier orden que pueda emitir el tribunal.
Para quienes tienen expedientes abiertos, resulta esencial revisar pruebas, notificaciones y plazos con su representante legal antes de modificar el trámite o planear viajes.
FUENTE: lanacion, univision
